Introducción

La participación efectiva del paciente en la toma de decisiones relacionadas con su salud constituye un derecho fundamental reconocido tanto en la Constitución Nacional Argentina como en tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional (art. 42 y art. 75 inc. 22 CN). Sin embargo, en la práctica, este derecho enfrenta múltiples obstáculos que limitan su ejercicio pleno. Entre ellos, destaca lo que algunos llamamos tokenización de la participación, entendida como la simulación o formalidad de inclusión sin transferencia real de poder o influencia, fenómeno que se manifiesta con claridad en el modelo médico hegemónico y en la judicialización creciente de los conflictos sanitarios.

Abordaremos, brevemente, algunas raíces y consecuencias de la tokenización en la participación del paciente, los dilemas que plantea la judicialización como vía predominante de resolución de conflictos en salud, y las oportunidades que abre el reciente Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA) para superar estas limitaciones y favorecer la co-creación de las decisiones clínicas y sanitarias.

La Tokenización de la participación: Conceptos y Desafíos

La escalera de participación ciudadana propuesta por Sherry Arnstein (1969) es un referente teórico fundamental para comprender los distintos niveles de participación en procesos sociales y políticos. Arnstein distingue ocho peldaños, agrupados en tres categorías: no participación, participación simbólica (tokenista) y participación real o empoderamiento. La tokenización ocurre en la segunda categoría, donde los mecanismos formales de participación —como la consulta o la información— son ofrecidos a la ciudadanía, pero sin que su voz tenga impacto efectivo en la toma de decisiones.

En el ámbito sanitario, esta tokenización se traduce en prácticas en las que el paciente es informado o consultado superficialmente, pero sin poder de influencia real sobre su proceso asistencial. Un ejemplo aplicable y clásico es el proceso de consentimiento informado que, lamentablemente, suele tokenizarse cuando el paciente no recibe información clara ni se verifica su comprensión, reduciéndolo a un trámite formal sin real participación. Esto vulnera la autonomía y afecta la toma de decisiones libres y responsables, perpetuando el modelo médico paternalista.

El modelo médico hegemónico, con su carácter paternalista y verticalista, profundiza esta y otras problemáticas al mantener al profesional como único decisor y al paciente en una posición pasiva, vulnerando derechos consagrados como la autonomía y la participación.

Esta forma de tokenización no solo desvirtúa el sentido del derecho a participar, sino que genera efectos negativos como la pérdida de confianza en el sistema de salud y la reducción del empoderamiento ciudadano, aspectos críticos para la calidad y humanización de la atención sanitaria.

Judicialización de la Salud: Limitaciones para la participación y co-creación

Ante la persistencia de barreras para la participación real en la atención sanitaria, muchos pacientes recurren a la vía judicial para garantizar el acceso a prestaciones médicas. No obstante, la judicialización presenta limitaciones estructurales para la participación y co-creación:

·         Lógica adversarial: La dinámica del proceso judicial se basa en la confrontación de posiciones contrapuestas, lo que restringe el rol del paciente a demandante o parte sin espacios para diálogo colaborativo.

·         Foco en la norma y lo debido: El juzgador se limita a decidir sobre la existencia de un derecho vulnerado y la obligación que de él deriva, dejando poco margen para la exploración de alternativas que puedan ajustarse mejor a la situación particular del paciente.

·         Formalismo y tecnicismo: La burocracia judicial puede despersonalizar el conflicto, relegando la experiencia y preferencias del paciente a un segundo plano.

·         Tokenización reforzada: La participación del paciente se reduce a actos procesales formales, sin posibilidad real de influir o co-crear soluciones.

Estas limitaciones dificultan alcanzar una atención sanitaria centrada en la persona y basada en la corresponsabilidad y diálogo, pilares éticos fundamentales y principios establecidos en diversas normas nacionales e internacionales.

PROMESA: Un procedimiento mediador para superar la tokenización y fomentar la co-creación

En respuesta a la creciente judicialización y sus consecuencias, el estado argentino ha implementado mediante el Decreto 379/2025 el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una herramienta no adversarial y especializada que busca promover soluciones ágiles, colaborativas y centradas en la persona.

Las características del PROMESA que contribuyen a superar la tokenización y promover la co-creación son:

1. Voluntariedad y confidencialidad: Brindan un entorno seguro donde el paciente puede expresar sus necesidades y perspectivas sin miedo a represalias, favoreciendo una participación genuina y abierta.

2. Celeridad y accesibilidad: La mediación prejudicial permite resolver conflictos en plazos breves y con costos menores que los procesos judiciales tradicionales, facilitando el acceso y la inclusión del paciente.

3.Especialización de mediadores: La capacitación específica en salud garantiza un abordaje técnico y ético sensible a la complejidad del conflicto sanitario, promoviendo soluciones integrales y contextualizadas.

4. Participación activa y diálogo colaborativo: PROMESA impulsa la construcción conjunta de soluciones, explorando alternativas más allá de las demandas estrictamente legales, incorporando la voz y las preferencias del paciente como elementos centrales.

5. Intervención estatal estratégica: La participación del Ministerio de Salud en casos relevantes amplía la perspectiva hacia el interés público y la salud colectiva, enriqueciendo el proceso y sus resultados.

6. Monitoreo y evaluación continua: Los mecanismos para registrar, analizar y mejorar la mediación aseguran la transparencia y la calidad del proceso, previniendo formas simbólicas o superficiales de participación.

Este enfoque mediador se alinea con las recomendaciones internacionales para la resolución alternativa de conflictos en salud, como las señaladas por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que promueven la participación efectiva y el diálogo como vías para fortalecer derechos y garantizar una atención humanizada.

Conclusiones

La tokenización en la participación del paciente, evidenciada tanto en el modelo médico hegemónico como en el sistema judicial tradicional, limita gravemente el ejercicio efectivo de los derechos sanitarios y la posibilidad de co-crear decisiones que respondan a la complejidad y singularidad de cada caso.

El procedimiento PROMESA, mediante un mecanismo de mediación especializada, voluntaria y confidencial, ofrece una oportunidad innovadora para superar estas barreras, ampliando el espacio de participación real y colaboración en la resolución de conflictos sanitarios. Al hacerlo, puede contribuir a construir un sistema de salud más democrático, centrado en la persona y respetuoso de los derechos humanos.

La implementación y fortalecimiento de PROMESA debe acompañarse de políticas públicas que promuevan la alfabetización en salud, la capacitación interdisciplinaria y el monitoreo riguroso para garantizar que esta herramienta cumpla su potencial transformador.