Prepaga debe cubrir inmediatamente y de forma integral un medicamento a favor de un afiliado que padece Amiloidosis Cardíaca por Transtiretina

Partes: T. O. A. c/ OSDE s/ enfermedades poco frecuentes (EPF)

Tribunal: Juzgado Federal de Bahía Blanca

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: 2

Fecha: 2 de octubre de 2026

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-161370-AR|MJJ161370|MJJ161370

Procedencia de un amparo de salud, ordenando a una empresa de medicina prepaga la cobertura inmediata e integral de un medicamento a favor de un afiliado que padece una enfermedad poco frecuente -Amiloidosis Cardíaca por Trasntiretina-.

Sumario:
1.-Frente al grave estado de salud del actor conforme su diagnóstico, y la urgencia que la situación amerita en recibir el tratamiento indicado como opción terapéutica ante su diagnóstico de Amiloidosis Cardíaca por Transtiretina (TTR), los argumentos dados por la empresa de medicina prepaga demandada no pueden constituirse en un valladar para no autorizar aquel, y ello con sustento en que ha sido la médica especialista que lo atiende quien, luego de realizar diversos estudios, ha evaluado los beneficios y riesgos posibles del tratamiento indicado y ha considerado la procedencia de la medicación.

2.-La justificación de la empresa de medicina prepaga demandada para determinar el rechazo de la cobertura de la medicación, sin sustento médico alguno, parece irrazonable, siendo que la elección del tratamiento a seguir es de resorte del profesional de cabecera de común acuerdo con el paciente y sus intereses, luego del análisis conjunto de los riesgos, morbilidad y posibles secuelas de cada uno de los tratamientos que han sido evaluados.

3.-Teniendo en cuenta que en el caso se debate el derecho humano a la salud de una persona mayor adulta, que padece una grave patología, correspondía que la empresa de medicina prepaga demandada despliegue todos los medios necesarios para otorgar a su afiliado la adecuada y oportuna prestación.

4.-En el contexto del derecho cuya tutela se reclama -protección del derecho a la vida y a la salud- el amparo se presenta como la vía más apta a fin de su salvaguarda.

Fallo:
JUZGADO FEDERAL DE BAHÍA BLANCA 2

3397/2026

T., O. A. c/ OSDE s/ENFERMEDADES POCO FRECUENTES(EPF

Bahía Blanca, de octubre de 2026.- AUTOS Y VISTOS:

Para resolver este expediente no FBB 3397/2026 caratulado T., O. A. c/ OSDE s/ENFERMEDADES POCO FRECUENTES de trámite en este Juzgado Federal n° 2, Secretaría n° 5 y de los que; RESULTA:

1ro)- Inicialmente se presenta el Dr. Emiliano Carlos González en representación del Sr. T., O. A. e interpone acción de amparo contra la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, los arts. 321 inc. 2 y 498 del CPCCN, con basamento en las leyes 16.986, arts. 38 y conc. de la ley 23.661, art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, a fin de que se ordene la cobertura forma integral y total de la siguiente medicación: Tafamidis 61 mg por día durante el plazo que dure el tratamiento ordenado por el médico tratante, bajo apercibimiento de astreintes (art. 804 Cód. Civil y Comercial), según ordena la médica tratante Dra. María Emilia Cococcioni. Solicita medida cautelar con idéntico fin.

Manifiesta que, el amparista tiene como prestador de salud a la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), siendo su número de afiliado 31203315101.

Señala que, el actor se ha realizado diversos estudios cardiológicos lo

que ha derivado en el diagnóstico de Amiloidosis Cardíaca por Trasntiretina.

Informa que, surge del resumen de historia clínica y la prescripción médica del día 25 de febrero de la Dra.María Emilia Cococcioni, Médica Cardióloga, que el actor debe realizar tratamiento con Tafamidis 61 mg x 30 comprimidos.

Expone que, el actor padece de una enfermedad progresiva y que actualmente se encuentra en clase funcional I (NYHA) sin signos de insuficiencia cardíaca y marcadores de congestión por debajo den VRN.

Destaca que, el amparista requiere vía mail a la demandada la cobertura del medicamento, a lo que esta responde con una negativa fundándose en la falta de evidencia científica para otorgarlo, por lo que su representado envía una carta documento el 10/03/2026 cuya respuesta es negativa nuevamente.

Reseña que, la droga suscripta por la médica se encuentra aprobada por la ANMAT, por lo que se no entiende por que su obra social rechaza la cobertura.

Alega que, la conducta asumida por la demandada es ilegal y arbitraria por cuanto no viene acompañada de una prueba científica que demuestre que el tratamiento es inefectivo y experimental.

Sostiene que, aunque quisiera afrontar los costos, no cuenta con los recursos económicos suficientes, toda vez que el precio del medicamento Vyndamax es $21.327,40 (Tafamidis 61 mg cáps.bl.x 30 de Pfizer), y del Talnif es $15.511.429 (61 mg cáps.bl.x 30 de Bagó).

Cita doctrina y jurisprudencia en aval de sus dichos. Analiza el derecho a la salud, en virtud de la normativa vigente. Funda en derecho. Ofrece prueba y caución.

Hace reserva del caso federal. En definitiva, peticiona que se dicte

sentencia haciendo lugar a lo requerido, con costas a cargo del demandado.

2do)- Que, previa vista al Sr. Fiscal Federal, se declara la competencia del Juzgado para entender en autos, se hace lugar a la medida cautelar solicitada y se da trámite a este amparo.

3ro)- Que, en fecha 20/04/2026 se presenta el Dr. Gerardo Julio Rodriguez Arauco, en representación de OSDE y presenta el informe circunstanciado previsto en el art.8 de la ley 16.986, solicitando el rechazo íntegro de la acción, con costas a la actora.

Efectúa una negativa general y particular de lo sostenido por la actora en la demanda, y desconoce la autenticidad de toda la documental acompañada, salvo la credencial del actor y el DNI.

Alega la improcedencia de la vía elegida, por ser el amparo un remedio excepcional que no puede utilizarse como sucedáneo de las vías procesales idóneas y disponibles, y sostiene que no se configura la urgencia invocada en forma genérica en la demanda, dado que el actor contaba con otras acciones que no intentó y que OSDE brindó al socio alternativas válidas para el diagnóstico y el tratamiento admitido por la especialidad.

Expresa que su conducta no es ilegítima ni arbitraria, y relata que, ante la carta documento recibida el 12 de marzo de 2026 por la que se solicitó la cobertura integral (100%) del medicamento Tafamidis 61 mg por día, respondió que la organización brinda una cobertura que supera el piso prestacional del PMO (Resolución 201/02 del Ministerio de Salud de la Nación) y sus normas complementarias.

Informa que, tras una revisión exhaustiva de la bibliografía científica y de las políticas de cobertura de distintos sistemas de salud a nivel internacional, concluyó que no existe evidencia científica de alta calidad que demuestre de manera concluyente la eficacia y seguridad del tratamiento solicitado, por lo que no dio curso

favorable al pedido y rechazó cualquier advertencia de acciones legales, por considerar plenamente garantizada la cobertura.

Manifiesta que el medicamento reclamado no está incluido en la cobertura legal que debe prestar el agente de salud según la ley 26.682 ni en la ley 26.689 de enfermedades poco frecuentes, y señala que el reclamo parte de la premisa errónea de que el agente de salud debe cubrir todo tratamiento, medicamento, insumo o terapia sin limitación alguna, cuando su cobertura está acotada, conforme la ley y la Resolución 201/2002, a determinadas prestaciones y no aluniverso de las que un médico pueda prescribir.

Agrega que el sistema de salud reconoce una limitación legal de la cobertura que es cualitativa, por el conjunto delimitado de prestaciones del PMO y sus anexos, y cuantitativa, por los porcentajes de cobertura, cuyo desconocimiento generaría la quiebra del sistema. Destaca que la Resolución 310/2004 modificó el apartado 7 del Anexo I de la Resolución 201/02 y fijó la cobertura de medicamentos ambulatorios en 40% para los de uso habitual y 70% para los destinados a patologías crónicas prevalentes, conforme el precio de referencia del Anexo IV, y aclara que el Anexo V incluye medicamentos de alternativa terapéutica con igual cobertura, sujetos a la auditoría médica.

Aduna que el producto pretendido no integra el Anexo IV, ni con cobertura del 40%, 70% ni 100%, y que su mandante no eludió sus obligaciones, pues ofreció otros medicamentos incluidos en el listado de la resolución, a los valores de cobertura de la legislación vigente.

Refiere que los medios económicos que administra el sistema de las leyes 23.660 y 23.661, solidario y universal y basado en la justicia distributiva, no son ilimitados, por lo que resulta un despropósito destinar esos recursos a financiar medicamentos por sobre los márgenes legales o un tratamiento que podría ser menos

costoso con el mismo resultado terapéutico, y advierte que los tratamientos de tan elevado costo ponen en riesgo al Sistema Nacional del Seguro de Salud.Sostiene además que el Estado Nacional y las provincias son los garantes de la salud conforme el mandato constitucional, y no una empresa de la ley 26.682 o una obra social.

Indica que la sentencia sería arbitraria por ordenar la cobertura de un producto no incluido en la Resolución 201/02 sin dar fundamento alguno, y por apartarse de la ley vigente sin razón valedera, señalando que la demanda no contiene fundamento que justifique la arbitrariedad de la negativa respecto de un medicamento que no debe ser cubierto legalmente, cuando se ofrece la cobertura de otros productos aprobados para la patología.

Hace saber que el impacto de la decisión recaerá directamente sobre los demás socios de OSDE, por tratarse de una empresa de medicina prepaga financiada exclusivamente por los aportes de sus socios, sin subsidios ni aportes estatales, y destaca que la cuestión cobra especial importancia en los medicamentos de alto costo, cuyo precio elevado impide a obras sociales y prepagas afrontarlos, recayendo su cobertura, en definitiva, sobre el Estado. Relata que ya cubrió el fármaco reclamado en cumplimiento de la orden cautelar.

Solicita, para el caso de que la acción prospere, la citación del Estado Nacional (Ministerio de Salud de la Nación, Superintendencia de Servicios de Salud y Secretaría de Bienestar Social) en los términos del art. 94 CCCN, a fin de que se le imponga la obligación de cobertura del medicamento de alto costo.

Considera que la acción debe ser rechazada, formula reserva del caso federal por violación de los derechos de defensa en juicio, propiedad e igualdad ante la ley, funda en derecho y cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Peticiona en definitiva se rechace la demanda con costas a la actora.

4to)- Que, abierta la causa a prueba, producida la ofrecida y ordenada, se confiere vista al Sr.Fiscal Federal y queda esta causa en estado de dictar SENTENCIA.

Y CONSIDERANDO:

1ro)- Que, entrando a resolver, cabe puntualizar que, conforme reiterada jurisprudencia del cimero tribunal, «.los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino sólo aquellos que a su juicio resulten decisivos para la solución del litigio» (c.fr. CNCom., Sala C, «Unión de Usuarios y Consumidores», LL 2006-B, p. 375; Fallos: 305: 537; 307: 1121; c.

55.690, «Medina» del 07/12/1999).

2do)- Expuesto lo que antecede, es preciso considerar que el tema en debate está encuadrado en el marco del derecho a la vida y a la salud, habida cuenta que en el sub examine el amparista solicita la cobertura forma integral y total de Tafamidis 61 mg por día durante el plazo que dure el tratamiento ordenado por la médica tratante Dra. María Emilia Cococcioni.

3ro)- Que, en primer término corresponde tratar el cuestionamiento de la vía elegida y al respecto cabe referenciar que el amparo es el procedimiento judicial más simple y breve que permite tutelar real y verdaderamente derechos Constitucionales; así la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de «.la imprescindible necesidad de ejerce r esa vía excepcional para la salvaguarda del derecho fundamental de la vida y de la salud.» (Fallos 325:292), en tanto «.el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizada por la constitución Nacional.» (Fallos 302:1284; 310:112 y 323:1339).

En este sentido, la presente acción expedita de amparo -como vía más apta- está motivada por la falta de cobertura por parte de la Organización de Servicios

Directos Empresarios (OSDE), ello en el marco de una situación que requiere una solución urgente a fin de evitar un agravamiento y mayor compromiso de la salud del amparista.

Concluyo que en el sub lite y en el contexto del derecho cuya tutela se reclama -protección del derecho a lavida y a la salud- el amparo se presenta como la vía más «apta» a fin de su salvaguarda.

4to)- Que, es preciso tomar en consideración que el derecho sobre el cual he de expedirme es el derecho a la salud, razón por la cual es preciso buscar una solución que, fundada en derecho, satisfaga de la mejor manera posible la necesidad del amparista.

Que, el derecho a la salud está plasmado en diversas disposiciones constitucionales, tales como el artículo 14 bis y el artículo 75 inciso 22 que incorporó con jerarquía constitucional la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948), la Declaración Universal de Derechos Humanos (Nueva York, 1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969) y la Convención sobre los Derechos del Niño (Nueva York 1989).

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 11 dispone: «Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad»; la Declaración Universal de Derechos Humanos, a su vez, en el artículo 25 apartado 1 establece: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,.»; y, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 5 apartado 1: «

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral» y el artículo 25 apartado 1, establece que:»Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales».

A través de diversos fallos emanados de la Corte Suprema de Justicia se ha ido afianzando el criterio conforme el cual, se impone un deber de garantía respecto de los derechos esenciales, particularmente, el derecho a la preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida. A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Ley Suprema (LA 1995-A-26), se reafirmó este criterio y se ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdiccionales locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos 321:1684 y causa A. 186 XXXIV, Asociación Benghalensis y otros v.

Ministerio de Salud y Acción social -Estado Nacional s/ amparo ley 16.986 del 1/6 /2002, mayoría y votos concurrentes y dictamen del Procurador General de la Nación a cuyo fundamentos se remiten).

En este contexto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que «es indudable la obligación que tiene la obra social de garantizar las prácticas que faciliten una mejor expectativa de vida» (Fallos 327:5210, «Maldonado»).

Así, el derecho a la vida y a la salud es un derecho civil y fundamental del ser humano que mediante el amparo incorporado en el art.43 de la Constitución Nacional y las medidas innovativas, se torna directamente operativo desde la

Constitución Nacional, sin necesidad de que exista una norma específica que reglamente su ejercicio.

Que, la ley 23.661 instituyó el sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, «a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica». Su objetivo fundamental es «proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación.» (conf. Fallos: 323: 3229).

Que, el Ministerio de Salud y Acción Social, mediante la Secretaría de Salud, es la autoridad de aplicación que fija las políticas sanitarias del seguro. En tal carácter, le corresponde «articular y coordinar» los servicios asistenciales que prestan las obras sociales comprendidas en la ley 23.660, los establecimientos públicos y los prestadores privados «en un sistema de cobertura universal, estructura pluralista y participativa y administración descentralizada que responda a la organización federal de nuestro país» (arts.3, 4, 7, 15, 28 y 36 de la ley 23.661) (conf. Fallos: 323:

3229).

«También es doctrina de la Corte Suprema que en la actividad de las obras sociales ha de verse una proyección de los principios de la seguridad social, a la que el art. 14 bis de la Constitución Nacional confiere carácter integral, que obliga a apreciar los conflictos originados por su funcionamiento con un criterio que no desatienda sus fines propios» (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctr.

Fallos:306:178; 308:344 y 324:3988).

Por último, corresponde ponderar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho al cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes a través de la ley 26.689 -reglamentada por el Decreto Ley 794/2015- y que la Amiloidosis ATTR tipo salvaje (con el código 330001) se e ncuentra dentro del listado publicado en el Anexo I de la Resolución Ministerial n° 307/2023 del Ministerio de Salud de la Nación, por lo que el amparista merece además la especial protección de cuidado integral de la salud que prevé dicha normativa.

5to)- Que, es necesario tener presente que tal como define la Organización Mundial de la Salud, la salud importa «un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de enfermedad» consecuentemente la calidad de vida resulta uno de los elementos esenciales del derecho en análisis y ante las circunstancias del caso no es difícil advertir que la misma se encontraría afectada en este supuesto de no arbitrarse los medios para proveerle al amparista la cobertura inmediata e integral del tratamiento que le fuera específicamente prescripto, al tenerse en cuenta su estado delicado de salud y la urgencia con la que lo requiere.

Cabe señalar al respecto, que por Ley 27.360 se aprobó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo objeto es «promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad».

Esta Convención dispone los deberes a los que quedan comprometidos los Estados Parte, siendo uno de ellos el de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles, a fin de lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.Aborda de manera específica el derecho a

la vida y a vivir con dignidad en la vejez, con el compromiso de los firmantes de garantizar su goce efectivo, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población.

6to)- Que, habiendo reseñado el marco normativo en base al cual corresponde analizar lo pretendido por esta acción y compulsada la prueba acompañada, resulta acreditado que el Sr. T., O. A., de 74 años de edad, se encuentra afiliado a la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE v. carnet de afiliación) y que fue diagnosticado con Amiloidosis Cardíaca por Trasntiretina, motivo por el cual, requiere contar con la medicación Tafamidis 61 mg por 30 comprimidos (v. Certificado médico de fecha 25/02/2026 suscripto por la Dra. Maria Emilia Cococcioni).

Al respecto, la galeno tratante, en fecha 25/02/2026 certificó «Paciente de 74 años de edad con diagnóstico de amiloidosis cardíaca por transtiretina (TTR) (.) en clase funcional I (NYHA) sin signos de insuficiencia cardíaca y marcadores de congestión por debajo del VRN (.) es una enfermedad caracterizada por el depósito anómalo de proteínas amiloides en el tejido cardíaco lo cual genera alteraciones estructurales y funcionales como consecuencia de la distorsión de elementos contráctiles del miocardio aumentando la rigidez del ventrículo izquierdo (.) produce una alteración progresiva de la función diastólica (.) predisponiendo a la progresión hacia la insuficiencia cardíaca clínica (.) Dada la patología mencionada se indica tratamiento con tafamidis 61 mg por día (.) El inicio de tratamiento debe ser cuanto antes dado que se trata de una enfermedad progresiva y estructuralmente irreversible por lo cual la demora en el mismo implica un riesgo inminente para la salud del paciente pudiendo ocasionar un perjuicio irreversible con prog resión del daño estructural miocárdico, mayor deterioro funcional, riesgo de hospitalización y de muerte.» (c.fr. PDF Adjunta estudios médicos del actor pág.18/21).

Respecto del valor de este informe, la Alzada tiene dicho que los documentos privados gozan de una especial tutela, conminando el art. 295 del CP, con una pena aflictiva al médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resultara perjuicio (c.fr. c. 67.257, «Rodríguez» del 10/5/2012).

Sentado lo expuesto cabe considerar que, la obra social demandada en oportunidad de efectuar el informe previsto por el art. 8 de la ley 16.986, no cuestionó la enfermedad que padece el actor, sino que sostuvo que el Tafamidis no integra el Programa Médico Obligatorio (Resolución 201/02 MS y sus modificatorias) ni el Anexo IV de medicamentos con cobertura, por lo que excede la cobertura legal que debe brindar, y que no existe evidencia científica de alta calidad que demuestre de manera concluyente su eficacia y seguridad, habiendo ofrecido en su lugar otros medicamentos incluidos en el listado de la resolución.

Ahora bien, frente al grave estado de salud del actor conforme su diagnóstico, y la urgencia que la situación amerita en recibir el tratamiento indicado como opción terapéutica ante su diagnóstico de Amiloidosis Cardíaca por Transtiretina (TTR), considero que los argumentos dados por la demandada no pueden constituirse en un valladar para no autorizar aquel, y ello con sustento en que ha sido la médica especialista que lo atiende quien, luego de realizar diversos estudios, ha evaluado los beneficios y riesgos posibles del tratamiento indicado y ha considerado la procedencia de la medicación, advirtiendo expresamente que «.el inicio del tratamiento debe ser cuanto antes, dado que se trata de una enfermedad progresiva y estructuralmente irreversible, por lo cual la demora implica un riesgo inminente para la salud del paciente, pudiendo ocasionar un perjuicio irreversible con progresión del daño estructural miocárdico, mayor deterioro funcional, riesgo de hospitalización y de muerte». Tal apreciación, formulada por la profesional que conoce el cuadro clínico del paciente, no ha sido desvirtuada porla demandada

mediante un dictamen médico específico y particularizado, por lo que corresponde darle primacía frente a las alegaciones de carácter general de la obra social.

Motivo por el cual, frente al delicado estado de salud del actor y en el contexto normativo y jurisprudencial anteriormente reseñado, la justificación de la demandada para determinar el rechazo de la cobertura, sin sustento médico alguno, parece irrazonable, siendo que la elección del tratamiento a seguir, como el que analizo, es de resorte del profesional de cabecera de común acuerdo con el paciente y sus intereses, luego del análisis conjunto de los riesgos, morbilidad y posibles secuelas de cada uno de los tratamientos, los que advierto han sido evaluados.

A mayor abundamiento, tengo presente lo dictaminado por el Cuerpo Médico Forense quien al ser serle requerido que «determine si el medicamento Tafamidis es el tratamiento de elección para detener la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de hospitalización y muerte en el caso concreto», sostuvo «Hasta la fecha es el único fármaco que demostró ser eficaz para el tratamiento de la amiloidosis cardiaca en los estadios CF I-II de la NYAH»; seguidamente le fue solicitado que «Indique si la falta de suministro del medicamento pone en riesgo inminente la salud y la vida del paciente, considerando que se trata de una enfermedad progresiva y degenerativa», por lo que informó que «de no suministrar la medicación en tiempo y forma se corre el riesgo de que cambie la clase funcional de la enfermedad y el fármaco resulte copo eficaz o de acción nula según sea el avance de la enfermedad», por su parte, ante al serle requerido que «Indique si el tratamiento con Tafamidis 61 mg. es apto para mejorar o estabilizar la calidad de vida del actor» dictaminó «El tratamiento con Tafamidis 61 mg es hasta el momento el único que ha demostrado ser eficaz para reducir el avance de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y disminuir la mortalidad por amiloidosis cardiaca». (cf.Informe pericial de fecha 22/06/2026).

Por lo que, teniendo en cuenta que nos hallamos frente a un caso donde se debate el derecho humano a la salud de una persona mayor adulta, que padece una grave patología, correspondía que la demandada despliegue todos los medios necesarios para otorgar a su afiliado la adecuada y oportuna prestación. Por tanto, considero que la conducta adoptada por la accionada, resulta lesiva del derecho a la salud de la actora e implica arbitrariedad.

A lo expuesto, cabe agregar que: «dado que la medicina no es una ciencia exacta, y teniendo en cuenta además que el derecho a la salud consagrado por el art. 75 inc. 22 de la CN, comprendido dentro del derecho a la vida; frente a opiniones disímiles entre la obra social y el médico tratante debe darse prevalencia a la opinión del médico tratante por sobre la Obra social» (cf. cc. 66.064 «Olivera», del 15/12/09; 66.135 «Uranga», del 14/6/2010; 14.881/2014 «Girotti» del 22/06 /2015).

Por otra parte, corresponde señalar que, tal lo expuesto precedentemente, el actor resulta beneficiario de la ley N° 26.689, la cual es categórica en su art. 1 cuando refiere al cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes. En dicho sentido, del análisis de la ley 26.689 se deprenden diversas directivas apuntadas al cuidado de su salud, destacando las acciones destinadas a la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y recuperación (art. 3 inc. a) «.en el marco de efectivo acceso al derecho a la salud para todas las personas».

Por último cabe señalar que, sin perjuicio de lo esbozado en el informe del art.8 de la ley 16.986, la demandada tampoco ha demostrado que la cobertura al 100% del tratamiento requerido comprometiera su patrimonio de manera tal que le impidiera atender a los demás beneficiarios, es decir, no aportó información relativa a su compromiso patrimonial, no explicó las consecuencias que produciría la condena

en su estructura financiera, su equilibrio presupuestario o la atención particular de otros afiliados.

Conforme el criterio sostenido por La Corte Suprema de Justicia en autos «Lifschitz, Graciela Beatriz c/Estado Nacional», del 15/06/2004 les compete a los jueces encontrar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, evitando que el rigor de las formas conlleve a la frustración de los derechos que tienen particular tutela constitucional, por lo que considero que encontrándose el actor asociado a la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) y demostrado en el caso la inminente necesidad de contar con el tratamiento prescripto a fin de evitar un desmedro en su calidad de vida, asiste obligación a la demandada de proveerlo de forma inmediata en concordancia con las limitaciones y padecimientos que se demostraron en el sub examine.

Por ello, teniendo en cuenta que «.la vida de los individuos y su protección – en especial el derecho a la salud- constituye un bien fundamental en sí mismo, que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal.» (cf. Fallos 323: 1339; citado en LL Suplemento de Derecho Constitucional, del 24/05/04, pág. 33), corresponde ORDENAR a la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) brindar en favor del Sr. T., O. A. la cobertura inmediata e integral del tratamiento con Tafamidis 61 mg por 30 comprimidos propuesto por la Dra. Maria Emilia Cococcioni (v. Certificado médico de fecha 25/02/2026). Deberán tenerse en cuenta los actos cumplidos en el marco de la medida cautelar dictada.

7mo)- Que, habiéndose visto obligada la actora a interponer esta acción para obtener la cobertura de la medicación requerida, corresponde las costas se impongan a la demandada vencida (art.14 ley 16986).

Por todo lo expuesto;

RESUELVO:

I.-) HACER LUGAR A LA ACCIÓN DE AMPARO incoada por el Sr. T., O. A. contra la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) por los fundamentos expuestos en el cuerpo de la presente, y ORDENAR a la demandada brindar la cobertura inmediata e integral del tratamiento con Tafamidis 61 mg por 30 comprimidos propuesto por la Dra. Maria Emilia Cococcioni (v. Certificado médico de fecha 25/02/2026). Deberán tenerse en cuenta los actos cumplidos en el marco de la medida cautelar dictada.

II) IMPONER las costas a la demandada vencida (art. 14 ley 16.986 y

art. 68 del CPCCN).

III.-) DIFERIR la regulación de honorarios hasta que los letrados intervinientes denuncien y acrediten en autos su situación previsional e impositiva.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE (Ac 10/2025 CSJN) y

NOTIFÍQUESE

Fecha de firma: 02/10/2026 Firmado por: MARIA GABRIELA MARRON, JUEZ FEDERAL

FUENTE: MICROJURIS:COM